Una vez más, la protección del Made in Italy requiere estrictos controles fronterizos. En los últimos días, en el puerto de Brindisi, una operación conjunta de la Agencia de Aduanas y Monopolios, la Policía Financiera y los inspectores del ICQRF de Apulia y Basílicata ha permitido la incautación de más de 42 toneladas de puré de tomate.
De hecho, el producto, un producto semiacabado búlgaro, estaba etiquetado como “origen italiano”, por lo que estaba listo para ser comercializado como un auténtico producto italiano.
El descubrimiento se produjo durante los controles rutinarios de los vehículos que llegaban de Grecia. Dos camiones procedentes de Bulgaria llamaron la atención de los inspectores. La documentación de transporte indicaba correctamente el origen búlgaro del puré de tomate, pero durante la inspección física algo no estaba bien: de hecho, en los paquetes aparecía claramente la mención “País de origen – Italia”, en claro contraste con lo declarado.
Esto fue suficiente para desencadenar inmediatamente la intervención conjunta de los funcionarios de aduanas, los financieros y el ICQRF.
¿A quién estaba destinada la bassata búlgara?
El producto estaba dirigido a dos empresas italianas (cuyos nombres se desconocen) conocidas por comercializar artículos declarados obtenidos a partir de materias primas 100% italianas. Si el fraude se hubiera consumado, podría haber generado beneficios ilícitos por valor de cientos de miles de euros.
La Policía Financiera subraya que este fraude:
Además de engañar a la confianza de los consumidores desprevenidos, habría generado cientos de miles de euros en beneficios ilícitos, lo que podría constituir un perjuicio para la salud pública, ya que no se puede descartar la presencia en el producto de contaminantes prohibidos por la legislación de la UE.
Por tanto, también existía un riesgo potencial para la salud de los consumidores.
Ante las irregularidades encontradas, los funcionarios ordenaron la incautación de más de 42 toneladas de producto y los representantes legales de las empresas beneficiarias fueron denunciados ante el Ministerio Público de Brindisi por el delito de falsa indicación de origen, de conformidad con el artículo 517 del Código Penal y la legislación específica sobre el Made in Italy.
