En Malta, la batalla por el derecho al aborto también se libra ahora a través de cajas de seguridad repartidas por las calles y lugares del archipiélago. Dentro hay pastillas abortivas. La instalación fue organizada por la asociación holandesa Women on Waves, que lanzó una campaña destinada a provocar un choque político y cultural en uno de los países más restrictivos de Europa en materia de aborto.
Las llamadas cajas de seguridad se han colocado en varios lugares de Malta y de la isla de Gozo. Las mujeres con menos de nueve semanas de embarazo que quieran interrumpir su embarazo pueden contactar a los activistas por correo electrónico para recibir instrucciones y códigos de acceso. En los primeros ocho días de campaña, 16 mujeres ya han pedido ayuda, una cifra que los organizadores interpretan como señal de una pregunta sumergida y hasta ahora sin respuesta.
Una de las leyes más estrictas de la Unión Europea.
Malta sigue representando una excepción en el panorama occidental. La interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo ilegal en casi todas las circunstancias: no está permitida ni siquiera en casos de violación, incesto o malformaciones fetales graves. A partir de 2023, la legislación permite el aborto sólo cuando la vida de la mujer esté concretamente en peligro y sólo tras el dictamen favorable de tres médicos, que deben certificar la ausencia de alternativas terapéuticas.
Durante décadas la prohibición fue absoluta. Lo que cambió parcialmente el panorama fue un caso que atrajo la atención internacional en 2022: una turista estadounidense, durante unas vacaciones en la isla, sufrió un aborto espontáneo incompleto. Los médicos se negaron a intervenir para interrumpir el embarazo por temor a consecuencias legales. Luego, la mujer fue trasladada a España para recibir el tratamiento necesario.
Cientos de mujeres se someten a abortos ilegales
La iniciativa Women on Waves provocó inmediatamente un debate público. Las organizaciones antiaborto han pedido a las autoridades que abran una investigación, acusando a los activistas de eludir la ley maltesa. Por otro lado, los movimientos por los derechos de las mujeres denuncian una situación que obliga a cientos de mujeres a viajar al extranjero gastando miles de euros o a recurrir a abortos clandestinos. Sin embargo, el problema no se refiere sólo a la ley, sino también a la falta de educación sexual y al acceso limitado a los anticonceptivos, elementos que agravan aún más la condición de las mujeres maltesas.
Una realidad que muchas veces es invisible
La campaña de las cintas secretas saca a la luz una realidad que ha permanecido invisible durante años. Malta se enfrenta ahora a un choque que no sólo concierne a la legalidad de las pastillas abortivas, sino también al significado mismo de la autodeterminación y la salud pública. En un país donde una mujer fue condenada recientemente a una pena suspendida por un aborto autoinducido, la red construida por activistas representa mucho más que una protesta simbólica: es un intento concreto de crear una alternativa en un sistema que continúa dejando a miles de mujeres sin opción.
